La presidenta de la República, Laura Fernández, criticó a los diputados de oposición que han obstaculizado el avance del proyecto de ley relacionado con la minería en Crucitas y defendió la gira de trabajo que encabezará este viernes en la zona afectada por la extracción ilegal de oro.
La mandataria aseguró que la visita tiene un carácter estrictamente técnico e institucional, y rechazó las acusaciones de quienes afirman que se trata de una actividad con fines políticos.
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“No voy a tomarme fotos”
Fernández afirmó que su responsabilidad es conocer de primera mano la situación que enfrenta Crucitas y supervisar las acciones del Estado frente a los problemas ambientales, de seguridad y salud pública que afectan a la región.
“Yo no voy a ir a tomarme fotos, ni a embarrialarme, ni a tomar poses políticas. Mi responsabilidad es estar al lado del pueblo”, señaló la presidenta.
La mandataria explicó que la visita fue organizada por Casa Presidencial y que, por cortesía, se extendió una invitación a los 57 diputados para que quienes lo desearan pudieran participar.
Una gira centrada en seguridad y ambiente
Fernández indicó que la comitiva estará integrada por autoridades de varias instituciones clave para abordar la situación de Crucitas.
Entre ellas figuran representantes del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), el Ministerio de Seguridad Pública, el Ministerio de Justicia y Paz, el Ministerio de Salud y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Según la presidenta, la presencia de estas instituciones responde a la gravedad de los problemas existentes en la zona, incluyendo la extracción ilegal de oro, la presencia de grupos vinculados al crimen organizado y posibles afectaciones ambientales.
Datos del Ministerio de Ambiente y Energía han advertido en diversas ocasiones sobre los impactos ambientales asociados a la minería ilegal en Crucitas.
Críticas a diputados que cuestionan la visita
La mandataria también respondió a algunos legisladores que han manifestado inconformidad con las condiciones de la gira.
Fernández explicó que se estableció un protocolo de seguridad debido a las características del terreno y a los riesgos presentes en la zona.
“Hay que estar en sitio a las cinco de la mañana. Hay que caminar varias horas y seguir medidas básicas de seguridad”, señaló.
Asimismo, indicó que la decisión de limitar la participación de asesores responde a razones logísticas y operativas.
Más de 600 mociones frenaron el proyecto
La presidenta sostuvo que el país ya debería contar con una solución legislativa para enfrentar la situación de Crucitas.
Según Fernández, el proyecto impulsado por el Ejecutivo para regular la actividad minera en la zona fue presentado hace dos años y posteriormente enfrentó un fuerte bloqueo legislativo.
La mandataria cuestionó especialmente a los sectores que presentaron cientos de mociones durante la discusión de la iniciativa.
“La solución se las planteé hace dos años, cuando era ministra de la Presidencia. El proyecto de ley ya está presentado y esto debería estar resuelto desde hace tiempo”, afirmó.
El costo de la recuperación ambiental
Fernández también criticó propuestas que plantean únicamente la restauración ambiental de la zona sin abordar el problema de la extracción ilegal de oro.
Según indicó, diversos estudios estiman que la recuperación integral del área afectada podría requerir inversiones cercanas a los 200 millones de dólares.
La presidenta sostuvo que una eventual limpieza ambiental no eliminaría el incentivo económico que representa la presencia de oro en la zona.
“La gente sabe que ahí hay oro. Estamos viviendo una fiebre del oro y se van a seguir metiendo”, afirmó.
Crimen organizado y minería ilegal
Uno de los aspectos que más preocupa al Gobierno es la creciente vinculación entre la minería ilegal y estructuras del crimen organizado.
Las autoridades han señalado en reiteradas ocasiones que la explotación clandestina de oro genera importantes ingresos para grupos que operan fuera de la ley.
Información del Ministerio de Seguridad Pública ha documentado operativos frecuentes en la zona para combatir actividades ilícitas relacionadas con la extracción y comercialización ilegal del mineral.
Un debate que sigue abierto
La discusión sobre el futuro de Crucitas continúa generando posiciones encontradas entre el Gobierno, la oposición, organizaciones ambientalistas y comunidades locales.
Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de buscar una solución integral que incluya regulación, control estatal y mitigación ambiental, sectores críticos consideran que cualquier apertura minera podría generar nuevos riesgos ecológicos.
Por ahora, la visita presidencial busca actualizar el diagnóstico sobre la situación actual de Crucitas y recopilar información que permita definir los próximos pasos frente a uno de los conflictos ambientales y de seguridad más complejos que enfrenta Costa Rica.
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