Representantes del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio, la Coalición Agenda Ciudadana y organizaciones agrupadas en la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES) formalizaron este lunes un «Pacto Patriótico Costarricense», mediante el cual acordaron impulsar una agenda legislativa conjunta durante el período 2026-2030.
De acuerdo con el documento suscrito, el pacto reúne a organizaciones sindicales, agropecuarias, indígenas, ambientales, estudiantiles y académicas, entre otras. Sus promotores afirman que el objetivo es promover iniciativas relacionadas con el Estado Social de Derecho, la separación de poderes, la libertad de expresión y la institucionalidad democrática, además de dar seguimiento a una serie de compromisos legislativos.
El acuerdo también establece un mecanismo permanente de coordinación entre las fracciones legislativas firmantes y los representantes de RENASES para impulsar proyectos de ley y ejercer control político sobre distintos temas de interés nacional.
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Agenda legislativa acordada
Según el texto del pacto, las partes buscarán impulsar una agenda centrada en diversas áreas consideradas prioritarias por las organizaciones participantes.
Uno de los principales ejes corresponde a la seguridad y justicia, donde plantean fortalecer el combate contra el crimen organizado mediante un incremento de recursos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público. Asimismo, proponen transformar la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) en una unidad de inteligencia estratégica civil con controles democráticos.
En materia de educación, el documento plantea avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del mandato constitucional que destina el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) al financiamiento del sistema educativo, incluyendo al Ministerio de Educación Pública (MEP), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Fondo Especial para la Educación Superior (FES).
Respecto a la salud, los firmantes sostienen que impulsarán iniciativas dirigidas a fortalecer la sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), exigir un plan para el pago de la deuda estatal con la institución y promover medidas para reducir las listas de espera y la escasez de médicos especialistas.
Reformas fiscales, producción y ambiente
El pacto también incorpora una serie de planteamientos en materia económica. Entre ellos figura la revisión de la regla fiscal vigente, la cual los firmantes califican como perjudicial, además de impulsar una eventual reforma tributaria enfocada, según indican, en fortalecer la progresividad del sistema y combatir la evasión y la elusión fiscal.
En el ámbito ambiental y productivo, las organizaciones proponen fortalecer el cuerpo de guardaparques, mantener la prohibición de la minería metálica a cielo abierto y respaldar iniciativas relacionadas con la situación de Crucitas. Asimismo, plantean impulsar políticas orientadas al fortalecimiento de la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria.
Otro de los apartados del documento aborda temas de derechos humanos. En este punto, los firmantes expresan su respaldo a la implementación del Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al fortalecimiento del sistema nacional de cuidados y a políticas de protección para mujeres, población LGBTIQ+, personas migrantes y pueblos indígenas.
Crearán un equipo para dar seguimiento al pacto
Como parte del acuerdo, las organizaciones firmantes establecieron un mecanismo de coordinación permanente para dar seguimiento a los compromisos adquiridos durante la legislatura 2026-2030.
El documento contempla la conformación de un equipo de asesores técnicos y políticos integrado por representantes de las fracciones legislativas participantes y delegados de la Red Nacional de Sectores Sociales (RENASES). Según los firmantes, este grupo tendrá la función de coordinar propuestas, analizar proyectos de ley y mantener un canal permanente de comunicación entre los sectores sociales y los diputados que suscribieron el pacto.
Asimismo, el denominado «Equipo Timón» de RENASES fue designado como interlocutor oficial ante las jefaturas de fracción que respaldan el acuerdo, con el objetivo de coordinar acciones de incidencia política y seguimiento legislativo.
Una agenda común para el Congreso
De acuerdo con el texto suscrito, el pacto pretende servir como una hoja de ruta para impulsar proyectos considerados prioritarios por las organizaciones participantes durante los próximos cuatro años.
Entre los temas incluidos figuran iniciativas relacionadas con seguridad ciudadana, educación, salud pública, política fiscal, ambiente, producción nacional y derechos humanos, además de propuestas dirigidas a fortalecer diversas instituciones del Estado que los firmantes consideran estratégicas para el desarrollo del país.
Las organizaciones también manifestaron su intención de mantener un proceso permanente de diálogo con las fracciones legislativas que respaldan el acuerdo para evaluar el avance de los compromisos y coordinar futuras iniciativas parlamentarias.
El pacto refleja una posición política de sus firmantes
El contenido del documento representa la posición política y programática de las organizaciones sociales y de las fracciones legislativas que decidieron suscribir el acuerdo. Los objetivos, prioridades y valoraciones incluidos en el texto corresponden a los criterios expresados por sus promotores y forman parte de la agenda que buscarán impulsar durante la legislatura 2026-2030.
La firma del pacto ocurre en un escenario político marcado por la conformación de nuevos bloques de oposición dentro de la Asamblea Legislativa, donde distintos partidos y organizaciones buscan construir alianzas para impulsar iniciativas comunes en temas considerados de interés nacional.
Una legislatura marcada por nuevos bloques políticos
Como ha venido documentando Impacto Noticias CR, la Asamblea Legislativa inicia un nuevo período caracterizado por la conformación de alianzas entre partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil para fortalecer su capacidad de negociación en el Congreso.
El Pacto Patriótico Costarricense se convierte en uno de los primeros acuerdos políticos formalizados durante la legislatura 2026-2030 y servirá como marco de coordinación para las agrupaciones que decidieron respaldarlo. Su impacto dependerá, en última instancia, de la capacidad de las fracciones firmantes para convertir los compromisos plasmados en el documento en proyectos de ley y acuerdos legislativos que obtengan el respaldo necesario dentro del Plenario.
El texto del pacto también hace referencia a principios contenidos en instrumentos internacionales como el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y menciona diversos temas vinculados con la organización institucional del Estado costarricense.
Cabe destacar que, la firma del acuerdo consolida un bloque integrado por partidos, sindicatos y organizaciones de izquierda que buscarán impulsar una agenda común durante la legislatura 2026-2030.
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