La diputada oficialista Pilar Cisneros lanzó una dura crítica contra el sistema judicial costarricense tras conocerse la resolución que devuelve beneficios de movilidad y comunicación a Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”. Para la legisladora, el sistema está fallando al tratar como un delincuente común a quien considera uno de los criminales más peligrosos y desestabilizadores del país.
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«No es un criminal común»: El cuestionamiento a la justicia
Durante la conferencia de prensa en Casa Presidencial de este miércoles, Cisneros fue tajante al señalar que la peligrosidad de alias «Diablo» y su mano derecha, alias “Tan”, requiere un régimen penitenciario fuera de lo ordinario. “Eso amerita medidas excepcionales; los jueces deben considerar que son medidas excepcionales”, afirmó la diputada. Su reacción surge luego de que el Tribunal de Pococí ordenara restituir de forma inmediata las horas de sol, visitas presenciales y llamadas telefónicas en el centro de Máxima Seguridad.
Este reclamo de Cisneros pone el dedo sobre la llaga en un debate que la agencia Reuters ha destacado en la región: la incapacidad de los marcos legales tradicionales para contener a líderes de bandas que operan desde las cárceles. Según la legisladora, la «excepcionalidad» no es un capricho, sino una necesidad de supervivencia para la seguridad ciudadana frente a estructuras que no respetan la ley.
El riesgo de las órdenes desde la cárcel y la fuga de información
Uno de los puntos más críticos señalados por el oficialismo es el peligro latente de que la apertura de comunicaciones facilite la operatividad de la banda. Se advierte que, al otorgar beneficios de visitas y llamadas sin restricciones severas, existe un riesgo real de fuga de información estratégica y la emisión de órdenes directas desde la cárcel por parte de alias «Diablo» para ejecutar actos delictivos en el exterior. Esta preocupación ha sido documentada por el Atlantic Council, que identifica a los centros penales como centros de comando si no se aplican bloqueos de comunicación efectivos.
El fallo judicial se ampara en las Reglas de Nelson Mandela para garantizar condiciones mínimas de dignidad. Sin embargo, en Impacto Noticias CR, hemos analizado cómo la tensión entre el Ejecutivo y el Poder Judicial se agudiza cuando las garantías procesales son percibidas por el Gobierno como privilegios que permiten a los líderes criminales mantener el control de sus estructuras a pesar de estar tras las rejas.
Hacia un régimen de excepción permanente para el crimen organizado
Las declaraciones de Cisneros no solo son una reacción a un fallo, sino un llamado a reformar la manera en que los jueces valoran el riesgo de los reclusos de alto perfil. La exigencia de medidas excepcionales para alias «Diablo» busca que el aislamiento no sea visto como una violación de derechos, sino como una herramienta de contención necesaria para evitar que la justicia sea burlada mediante comunicaciones clandestinas.
Con la captura de estos sujetos el pasado 24 de julio, el Ministerio de Justicia intentó implementar un cerco total que ahora la justicia ordena levantar. El desenlace de este conflicto definirá si Costa Rica mantendrá un modelo garantista uniforme o si, como exige Cisneros, avanzará hacia un sistema de justicia diferenciado donde la peligrosidad del reo dicte la naturaleza de su encierro.
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