El fiscal general de la República, Carlo Díaz, advirtió que el recorte presupuestario planteado para 2027 podría debilitar gravemente al Poder Judicial y generar condiciones favorables para el crimen organizado.
Díaz aseguró que la reducción de recursos afectaría directamente la capacidad de funcionamiento de la institución y limitaría sus posibilidades de investigar y perseguir delitos.
Advertencia sobre el crimen organizado
“Aquí le estamos abriendo un hueco, una brecha importantísima al crimen organizado y a los delincuentes”, afirmó el fiscal general al referirse a las consecuencias que tendría la disminución presupuestaria.
Díaz reconoció que sus proyecciones sobre el futuro del Poder Judicial son negativas, aunque rechazó que su posición responda a una actitud fatalista.
“Yo no soy una persona negativa ni soy una persona fatalista, soy más bien una persona siempre positiva, pero no me puedo imaginar un escenario diferente al que les estoy planteando”, manifestó.
Díaz advierte sobre un “cierre técnico”
El jerarca del Ministerio Público insistió en que las condiciones presupuestarias previstas podrían llevar al Poder Judicial a un escenario de “cierre técnico”.
“Prácticamente, como les dije, me adelanté, esto lo que plantea es un cierre técnico del Poder Judicial”, señaló.
El fiscal general vinculó esta situación con declaraciones realizadas anteriormente por el ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, el pasado 25 de julio en Guanacaste.
“Y esto es no más ni menos que la materialización de las manifestaciones que hizo el Ministro de Hacienda el 25 de julio en Guanacaste”, afirmó Díaz.
Según recordó, en aquella ocasión el jerarca de Hacienda habría hecho referencia a un eventual cierre del Poder Judicial al señalar: “le temen a la dictadura, le temen al cierre del Poder Judicial”.
Acusa una estrategia de debilitamiento
Díaz calificó como planificada la forma en que, a su criterio, se estaría concretando el debilitamiento presupuestario del Poder Judicial.
“Esto es la materialización de eso, así de sencillo, de una manera muy planificada, han logrado materializar prácticamente el cierre del Poder Judicial”, aseguró.
El fiscal general también cuestionó la narrativa recurrente sobre una supuesta ineficiencia del Poder Judicial.
“¿Y esto qué corresponde? Bueno, a la misma narrativa siempre de venir a atacar al Poder Judicial con su supuesta ineficiencia”, manifestó.
Según explicó, el impacto se produciría mediante la reducción de plazas y de los recursos disponibles para la institución. “Quitándonos las plazas, quitándonos los recursos”, señaló.
Riesgo para los sistemas informáticos
El fiscal general advirtió sobre las dificultades que podrían presentarse a partir de enero de 2027 si no se cuenta con recursos suficientes para mantener servicios básicos del sistema judicial.
“Y en enero, ni siquiera teniendo para abrir un correo electrónico donde se hacen o donde se mueven todas las notificaciones del sistema judicial, vamos a poder funcionar”, afirmó.
Díaz sostuvo que las consecuencias del recorte no se limitarían a las finanzas internas del Poder Judicial, sino que podrían afectar su capacidad para investigar y perseguir delitos.
Su principal advertencia es que la reducción de recursos terminaría generando una ventaja para las estructuras criminales.
“Aquí le estamos abriendo un hueco, una brecha importantísima al crimen organizado y a los delincuentes”, reiteró.
Un escenario de incertidumbre para 2027
Las declaraciones del fiscal general colocan el debate presupuestario del Poder Judicial en el centro de la discusión sobre seguridad y funcionamiento institucional. La eventual reducción de plazas, recursos y servicios tecnológicos podría afectar la continuidad de operaciones esenciales, mientras las autoridades definen el presupuesto para 2027.
Por ahora, las advertencias de Díaz describen un escenario proyectado y deberán contrastarse con la decisión presupuestaria final y con las medidas que se adopten para garantizar el funcionamiento del sistema judicial.
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