La presidenta Laura Fernández brindó declaraciones hoy, durante la inauguración de una nueva delegación de la Policía en Turrialba, elevando el tono de su disputa con el Poder Judicial y sostuvo que el Gobierno asumirá la mayor parte del recorte presupuestario previsto para ese poder, siempre que disponga de los recursos que considera necesarios para mejorar la justicia y la paz en los barrios.
Fernández cuestionó además que el Poder Judicial atribuya sus problemas de funcionamiento a la reducción presupuestaria solicitada por el Ejecutivo. A su juicio, ese argumento no puede convertirse en una explicación permanente para las deficiencias del sistema ni en una justificación de las decisiones que terminan favoreciendo la liberación de presuntos delincuentes.
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Una disputa que trasciende el presupuesto
Fernández aclaró que sus señalamientos no buscan vulnerar la independencia de poderes. Los presentó, en cambio, como parte de su responsabilidad política frente a la situación del país.
“No estoy dispuesta y no me parece que sea ni justo, ni correcto, que el Poder Judicial utilice para justificar lo que pasa ahí, para justificar su ineficiencia, para justificar que no hacen el trabajo, que tienen que hacerlo bien hecho, no voy a permitir que usen de excusa mi gobierno”, afirmó.
El mensaje sitúa la discusión presupuestaria dentro de un conflicto más amplio: quién debe responder por los resultados del sistema de justicia y cuáles son los límites de la responsabilidad de cada poder del Estado.
El Gobierno ofrece absorber el ajuste
Fernández rechazó lo que describió como un argumento repetido durante las últimas semanas: que el Poder Judicial no puede cumplir adecuadamente sus funciones debido al recorte presupuestario. Para desmontarlo, ofreció que el Ejecutivo y las instituciones bajo su dirección absorban la mayor parte de la reducción.
“Ahí tienen la plata, yo me soco la faja con mi equipo, ministros y presidentes ejecutivos. Sabemos gerenciar y sabemos que la plata del pueblo es sagrada”, expresó.
La presidenta sostuvo que la rebaja solicitada sería cercana al 2 %, una proporción que calificó como mínima. “Si dicen que no pueden tampoco con un 2 %, ya eso sería el colmo de los colmos y el relajo del relajo”, manifestó.
Austeridad en viajes, viáticos y gastos oficiales
Según Fernández, asumir el ajuste no implicaría cerrar instituciones ni reducir los servicios públicos que recibe la ciudadanía. La estrategia, explicó, consistiría en recortar gastos asociados a la actividad de los ministros, incluidos viajes, viáticos y cenas pagadas con fondos públicos.
“Eso significa que yo vaya a tener que cerrar alguna institución, no; eso significa, compatriota, que usted va a recibir menos servicios públicos, no”, afirmó. Luego resumió su propuesta: “Mis ministros no van a andar en viajes, que mis ministros no van a cobrar viáticos, que mis ministros no van a andar en cenas pagando con la plata del pueblo”.
La mandataria también exigió que el Poder Judicial rinda cuentas ante la Asamblea Legislativa y advirtió que no permitirá que se utilice el nombre de su Gobierno para explicar sus propios problemas de gestión.
El trasfondo: seguridad y respuesta judicial
Fernández vinculó el debate con la respuesta del Estado frente a la criminalidad. Sus declaraciones se produjeron durante la inauguración de la nueva delegación policial en Turrialba, un acto utilizado por la mandataria para destacar la inversión en seguridad y cuestionar que los policías detengan a presuntos delincuentes que posteriormente quedan en libertad.
La presidenta atribuyó esa situación a deficiencias que, según su planteamiento, el Poder Judicial debe corregir.
“Vayan a ver cuál excusa nueva encuentran, que vayan a ver cuál pretexto nuevo encuentran para andar soltando a los maleantes, que vayan a ver cuál chivo expiatorio consiguen porque a mí y a mi gobierno no se los voy a permitir”, concluyó.
El enfrentamiento deja planteada una negociación compleja: el Ejecutivo ofrece asumir una parte sustancial del ajuste, pero exige a cambio resultados, rendición de cuentas y una respuesta más efectiva del sistema de justicia frente a la violencia.
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