El diputado de Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos, cuestionó la decisión del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica de inhabilitarlo para ejercer la profesión durante ocho años y seis meses.
La sanción se dictó tras la resolución de tres expedientes disciplinarios en su contra por faltas graves. Según la información relacionada con los procesos, las denuncias incluyen presuntos incumplimientos de los deberes de probidad, corrección y diligencia, además del cobro de dinero por servicios profesionales que, según los denunciantes, no fueron ejecutados.
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Villalobos cuestiona la competencia del Colegio
El legislador presentó su renuncia voluntaria al Colegio de Abogados el pasado 20 de agosto. Explicó que no continuaría ejerciendo la abogacía porque se dedicaría a tiempo completo a su labor en la Asamblea Legislativa.
Pese a la renuncia, el órgano disciplinario determinó que los procesos en su contra debían continuar su curso. Las autoridades del Colegio han señalado que la salida voluntaria de un profesional no detiene las investigaciones disciplinarias que ya se encuentran en trámite.
Ante la resolución, Villalobos sostuvo que la medida es improcedente y que el gremio carece de jurisdicción sobre él.
“Hace varias semanas renuncié al Colegio de Abogados, le dije a los costarricenses que no iba a ejercer más la profesión y me retiré voluntariamente del colegio profesional; sin embargo, me entero que ese órgano sigue queriendo sancionarme”, afirmó.
El diputado insistió en que ya no pertenece al Colegio y que entregó su carné profesional, tal como se le solicitó cuando presentó su carta de renuncia.
“No tienen competencia alguna, ya yo no soy miembro de ese colegio, no me interesa seguir siendo miembro de ese colegio, les entregué mi carnet profesional porque así lo pidieron cuando presenté mi carta de renuncia, así que cualquier posibilidad de sancionarme no es posible jurídicamente porque no tienen competencia para ello”, añadió.
El Colegio afirma que los procesos deben continuar
Las autoridades del Colegio de Abogados han sido enfáticas en que la inhabilitación o la renuncia voluntaria de un profesional no interrumpen las investigaciones disciplinarias que ya están en trámite.
De acuerdo con la normativa citada por el gremio, los procesos continúan hasta su resolución. Además, las sanciones impuestas podrían entrar en vigor si el legislador decide volver a colegiarse en el futuro.
En conjunto, las suspensiones determinadas suman 102 meses. La medida contempla los resultados de los tres expedientes disciplinarios resueltos por el órgano correspondiente.
Denuncias y reintegro de dinero
Las sanciones se relacionan con denuncias por presunto incumplimiento de deberes de probidad, corrección y diligencia. También se señala que Villalobos habría recibido dinero por servicios profesionales que, según las personas denunciantes, no fueron ejecutados.
En uno de los casos, además de la sanción disciplinaria, se ordenó el reintegro de ₡6.140.000 a una pareja afectada.
La controversia enfrenta dos posiciones. Villalobos sostiene que el Colegio perdió la competencia sobre él luego de su renuncia. El gremio afirma que la salida no elimina la responsabilidad disciplinaria por hechos investigados mientras el profesional estaba sujeto a sus normas.
Una sanción condicionada a una futura colegiatura
Según la posición comunicada por el Colegio, las sanciones no necesariamente tendrán efectos inmediatos mientras Villalobos permanezca fuera de la institución. Sin embargo, podrían aplicarse si decide colegiarse nuevamente y volver a ejercer la profesión.
El caso mantiene abierta la discusión sobre el alcance de la potestad disciplinaria de los colegios profesionales y sobre la continuidad de los procesos cuando una persona renuncia durante una investigación.
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