El recorte proyectado para el CONAPDIS no solo reduce una partida presupuestaria: redefine quién podrá acceder a los apoyos públicos destinados a las personas con discapacidad. Esa es la principal preocupación planteada por la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Karol Matamoros, al cuestionar la propuesta presupuestaria del Gobierno.
Según las cifras expuestas por la legisladora, el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) dispondría el próximo año de ₡11 mil millones menos, una disminución equivalente al 52,36%. Matamoros considera que el ajuste golpea a una población que ya enfrenta barreras económicas y sociales para ejercer plenamente sus derechos.
“Las personas con discapacidad no son prioridad para este Gobierno. Esto queda demostrado una vez más”, afirmó Matamoros.
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El problema no termina en el presupuesto
La discusión suele presentarse como un debate técnico sobre cifras, pero sus efectos se medirían en decisiones concretas: qué programas reciben recursos, cuántas personas pueden ser incorporadas y quién queda fuera de la cobertura institucional.
Matamoros señaló que la reducción afectaría especialmente los programas Pobreza y Discapacidad y Promoción de la Autonomía Personal. Ambos están vinculados con transferencias monetarias dirigidas a personas que requieren apoyo para atender sus necesidades y ejercer sus derechos.
El dato más relevante, según la información citada por la diputada, es la distancia entre la demanda y la capacidad de respuesta. Actualmente existiría una demanda aproximada de 4.884 personas. Sin embargo, CONAPDIS advierte que, si se mantiene la asignación presupuestaria con los recortes previstos, los fondos disponibles permitirían financiar aproximadamente al 13% de esa población, tomando como referencia la demanda registrada durante 2026.
Una política de inclusión con cobertura limitada
La cifra plantea una pregunta que trasciende la coyuntura legislativa: ¿puede hablarse de autonomía e inclusión cuando la mayoría de las personas que solicitan apoyo no tendría acceso a él?
El riesgo, desde esta perspectiva, no es únicamente que disminuya el presupuesto de una institución. Es que la política pública termine funcionando bajo una lógica de racionamiento, en la que el acceso a una transferencia o a un programa dependa cada vez más de una capacidad financiera limitada y no de la magnitud de la necesidad.
También existe un efecto menos visible. Cuando se interrumpen o restringen los apoyos, parte de la carga puede trasladarse a las familias, a las redes comunitarias y a las propias personas con discapacidad. Eso convierte un ajuste contable en una decisión con consecuencias sociales: quién asume el costo de la falta de cobertura y cuánto puede sostenerlo.
El llamado a reconsiderar la reducción
Ante este escenario, Matamoros pidió al Gobierno reconsiderar la reducción presupuestaria y revisar sus efectos antes de que la asignación avance en el trámite correspondiente. Su cuestionamiento coloca el debate en un terreno más amplio que la defensa de una partida: el de las prioridades que el Estado define cuando distribuye recursos escasos.
“No más recortes, sobre todo a las personas más vulnerables”, concluyó la diputada.
La discusión presupuestaria deberá determinar si la proyección actual se mantiene o si se introducen cambios. Pero los datos expuestos por Matamoros ya dejan planteado el dilema central: reducir a la mitad los recursos del CONAPDIS podría significar que la política de apoyo continúe existiendo formalmente, aunque alcance a una fracción mínima de quienes la necesitan.
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