La diputada de Pueblo Soberano cuestionó la discrecionalidad en los nombramientos del Ministerio Público y denunció un supuesto trato desigual en la gestión de investigaciones y pruebas.
Esquivel acusa a la Fiscalía de aplicar un doble rasero
La diputada de Pueblo Soberano, Marta Esquivel, criticó la actuación del Ministerio Público y afirmó que la Fiscalía mantiene una política de “para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”.
“¿Es razonable que una institución con el enorme poder que tiene el Ministerio Público mantenga amplios márgenes de discrecionalidad en sus nombramientos mientras sigue pendiente una carrera fiscal integral?”, cuestionó.
Esquivel sostuvo que la Fiscalía “no cumple la ley”, pese a que tiene la responsabilidad de investigar a otras personas por el cumplimiento de las normas. También afirmó que la institución actúa con rapidez frente a las denuncias de sus críticos, pero que es “muy lenta” en los casos que, según dijo, afectan a sus jefes y partidarios políticos.
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El caso de Jimena Rueda abre una nueva disputa
Uno de los principales cuestionamientos de Esquivel se centró en el caso de Jimena Rueda. La diputada afirmó que la Fiscalía habría solicitado de oficio pruebas a Meta para buscar medios de defensa para la denunciada.
“Me pregunto, ¿hizo lo mismo en el caso de Yendry Quirós? Pues no lo hizo. Para mis amigos todo, para mis enemigos la ley”, declaró Esquivel.
La acusación coloca bajo escrutinio la forma en que el Ministerio Público solicita, incorpora y entrega evidencia digital. Sin embargo, determinar si existió una actuación irregular requiere conocer los oficios, las fechas, el fundamento legal de las diligencias y las respuestas oficiales correspondientes.
“Dedocracia fiscal”: el duro señalamiento sobre los nombramientos
Esquivel diferenció entre la facultad legal de nombrar funcionarios y el uso discrecional de esa atribución. “Una cosa es tener la facultad legal de nombrar y otra muy distinta convertir esa facultad en nombramientos a dedo, en una dedocracia fiscal. ¿Y quién controla eso?”, afirmó.
La legisladora preguntó ante qué institución deben denunciarse los presuntos incumplimientos normativos cuando estos involucren a personas designadas por la propia Fiscalía. En ese contexto, mencionó la Constitución, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley del Ministerio Público y la ley marco de empleo.
La Fiscalía enfrenta preguntas sobre control e independencia
“¿Ante quién acudimos? ¿Ante la misma Fiscalía o a pedirle al propio fiscal que investigue su propio incumplimiento normativo por las personas que él ha designado a dedo?”, cuestionó Esquivel.
La diputada insistió en que el Ministerio Público, como institución encargada de perseguir penalmente el incumplimiento de la ley, debe demostrar que respeta rigurosamente el ordenamiento jurídico. También señaló que la Corte Plena ha omitido durante años la creación del Tribunal de Casación de lo Contencioso Administrativo, cuya creación, según sus declaraciones, habría sido ordenada hace más de 20 años.
Esquivel pide respuestas y lanza un llamado a la oposición
“Ante el fiscal nombrado por ellos mismos. Que Dios nos proteja, porque este desaguisado nadie lo quiere resolver”, afirmó la diputada, quien cuestionó que resulte más cómodo mantener aliados en puestos estratégicos que impulsar procesos de elección en propiedad, como —según sostuvo— ordenan la ley marco de empleo y sus disposiciones transitorias.
Al cierre de sus declaraciones, Esquivel hizo un llamado a sus compañeros de oposición para presentar una moción de reconocimiento a la Policía de Control de Drogas, en referencia al reconocimiento que también le otorgó la DEA.
Las preguntas que quedan abiertas
- ¿Qué información solicitó la Fiscalía a Meta en el caso de Jimena Rueda?
- ¿Cuál fue el fundamento legal de esa gestión?
- ¿Se realizaron diligencias similares en el caso de Yendry Quirós?
- ¿Qué mecanismos existen para revisar los nombramientos cuestionados?
- ¿Quién debe investigar un eventual incumplimiento normativo dentro del Ministerio Público?
El debate queda pendiente de una respuesta oficial
Las declaraciones de Marta Esquivel plantean cuestionamientos políticos e institucionales sobre los nombramientos fiscales, la gestión de evidencia digital y los mecanismos de control del Ministerio Público. Sus afirmaciones, por sí solas, no establecen la existencia de una irregularidad.
La Fiscalía y las demás instituciones mencionadas deberán aportar información verificable para aclarar el alcance de las diligencias realizadas, las reglas aplicadas en cada caso y los procedimientos disponibles para revisar decisiones que sean objeto de cuestionamiento.
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